Un Juez en apuro

El Sr. Sergio Pratto, juez a cargo del Juzgado Nº8 de San Martín, está atravesando días claves en el proceso de Juicio Político de la causa iniciada por el Sr. Santiago Cuneo. Ya se han terminado todas las instancias de presentación y se alcanzó la aprobación del Congreso de la Provincia de Buenos Aires, necesaria para llevar a cabo el enjuiciamiento. Y el día de ayer fueron citadas ambas partes: Cuneo (como denunciante) y Pratto (como procesado). Allí se realizó el sorteo de los cinco legisladores provinciales, senadores y diputados; que van a integrar el Tribunal de Enjuiciamiento en el proceso de destitución. Y ahora fueron citados para el día 13 de Agosto en la Corte Suprema de la Prov. de Buenos Aires; y de ahí en adelante seguirán los plazos para que el Juez Pratto se defienda.

En el supuesto caso de que el procesado sea destituido, el Órgano Fiduciario podrá seguir administrando al Club Atlético San Miguel, hasta realizarse la elección del nuevo juez que estará a cargo del Juzgado Nº8, pero Santiago Cuneo, en comunicación con "L.P.N.S.M." contó que maneja información de que Sergio Pratto esta analizando seriamente abandonar la causa del club de Los Polvorines, por lo menos en esta etapa, para poder defenderse en el juicio político; y aunque no tome esta determinación, el denunciante cree que el Tribunal lo va a separar de dicha causa. Cómo se elegiría el nuevo juez y qué puede llegar a suceder con las gestiones que realizó Pratto en su periodo, como es la contratación del actual cuerpo técnico encabezado por Jorge Vazquez, son algunos de los temas que aclara Santiago Cuneo en esta profunda nota, sobre la ¿inminente salida de Pratto?.
Escuchá las declaraciones de Cuneo.

• ¿De qué se trata el Jucio Político?

1. Concepto de Juicio Político
El juicio político, básicamente es un proceso de naturaleza judicial que tiene por objeto el juzgamiento de los hechos o actos del imputado, que se encuentren en algunos casos tipificados penalmente o en otros no, en los cuáles se debe acreditar la comisión u omisión del hecho y la culpabilidad, en grado de dolo o culpa grave. El objetivo principal del proceso es privar al condenado del cargo, para dejarlo a disposición de los tribunales ordinarios para su juzgamiento, si corresponde. Accesoriamente puede inhabilitárselo a perpetuidad para desempeñar cargos a sueldo de la Nación.

2. Causales comprendidas

2.1 Mal desempeño de sus funciones.

El mal desempeño de las funciones es una cláusula amplia y su interpretación queda a discreción de los legisladores, ya que puede deberse a falta o pérdida de idoneidad o aptitud para su ejercicio, a negligencia o incluso a inhabilidad física o psíquica o a falta de idoneidad moral. Entonces los parlamentarios deberán evaluar cada caso concreto, a fin de establecer si existió o no mal desempeño.

En cuanto a la inhabilidad o enfermedad del presidente, Linares Quintana, considera que corresponde la inhabilitación. Sin embargo, Sagües, Bidart Campos y Ekmekdjian, consideran esta causal como comprendida dentro del concepto de mal desempeño, ya que la finalidad no sería castigar, sino quitarle el poder que se le otorgó.

2.2 Delito en el ejercicio de sus funciones.

Esta causal estaría comprendida en la anterior, ya que sería una variante del mal desempeño, con la diferencia que se estaría cometiendo uno o varios delitos tipificado/s en el Código Penal, en varias figuras, como el cohecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, etc.

Por lo tanto los legisladores, deberían actuar del mismo modo que los jueces penales intentando determinar si el legislador realizo una conducta típica, antijurídica y culpable.

2.3 Crímenes comunes.

En este caso a diferencia del anterior, se hace referencia a una actividad que resulte delictiva, pero sin relación al cargo que se ocupa. Entonces corresponderá el inició del proceso de juicio político contra aquel funcionario comprendido, que supuestamente haya cometido un delito común en grado de dolo, que no tenga conexión con su función.